Sobre los presupuestos en Villarino

Durante estos días del mes de enero y los últimos días de diciembre pasado, aparece en el Boletín Oficial de la Provincia (P.O.P) publicada la aprobación inicial o, según el caso, la aprobación definitiva de los presupuestos para 2019 de la mayoría de los pueblos de la provincia. En concreto durante la pasada semana, 33 municipios publicaron sus presupuestos para 2019.

La aprobación de los presupuestos, en cualquier administración pública, es el acto más importante de cada año pues son los presupuestos quienes determinan todas las políticas de actuación y rigen los gastos para el año natural. En definitiva, es el documento que deja claro a los contribuyentes en qué se empleará su dinero. Tan importante es el asunto que hay gobiernos municipales, autonómicos o nacionales que caen por no poder aprobar los presupuestos (de esto sabe mucho Rajoy y Pedro Sánchez que está pendiente de un hilo, caso de no poder aprobar los presupuestos para el 2019).

Esto, que es de sentido común y cualquiera con dos dedos de frente lo entiende, en el Ayuntamiento de Villarino no se entiende. Veamos la situación con detalle. Desde 2007 a 2016 no se aprueba definitivamente ningún presupuesto, incumpliendo lo que ordena la ley de Haciendas Locales. Ello supone un enorme desastre pues los gastos se hacen a capricho y sin control de ningún tipo, con lo que se está escamoteando a los vecinos buena parte del dinero que es de todos.

En el 2008 y 2009 no se envió al BOP la aprobación definitiva lo que hace que sean nulos de pleno derecho. En el año 2010 fue enviado al BOP su aprobación en marzo de 2011 lo que, además de estar fuera del sentido común, lo está fuera de la ley. En los años 2012 y 2013 ni siquiera se aprobaron en Pleno. En 2014, 2015 y 2016 el Pleno aprobó los respectivos presupuestos pero los alcaldes sucesivos, tomando el pelo al Pleno y a los vecinos, decidieron que dichos presupuestos se quedaban en el cajón.

En septiembre de 2017, se aprueban los presupuestos de 2017 (con 9 meses de retraso), pero probablemente serán anulados por el juez por graves defectos de forma y no contener toda la información a que obliga la ley.

El presupuesto de 2018 fue aprobado provisionalmente en el pleno del 27-12-2018 y dado que todavía no está publicado en el BOP su aprobación definitiva no se producirá antes de que termine febrero, con lo que no tendrá efectos legales. Curiosamente, si se produce la anulación del presupuesto de 2017 nos encontramos que en 2019 el presupuesto vigente es el de 2007. Y, por supuesto, del presupuesto para 2019 ni hablamos.

Ante esta situación hemos de ser claros definitivamente. No sólo son culpables los sucesivos equipos de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento, hay un culpable que lleva más de 20 años en el Ayuntamiento de Villarino “haciendo de su capa un sayo” ante el desconocimiento de los procedimientos administrativos de nuestros gobernantes. Hablamos del Sr. Secretario que debe ser fedatario público de todas las acciones del Ayuntamiento, que debe informar a los alcaldes de qué se puede hacer y qué no, que debe poner los correspondientes reparos cuando un alcalde quiere saltarse la Ley. La indolencia de nuestro Secretario, que cobra más de lo que debe y hace menos de lo que debería, ha llevado a este Ayuntamiento a la situación caótica en la que se encuentra. Situación que no cambiará mientras no tengamos un equipo de gobierno con conocimientos suficientes, en los procedimientos administrativos, como para no dejar que el Sr. Secretario haga y deshaga a su antojo.

Está claro, el alcalde actual no tiene conocimientos suficientes en temas administrativos como para enfrentarse a él. Mientras, los socios del PSOE muy ocupados en la gestión de la residencia y la contratación de orquestas, parece que no se enteran de las irregularidades que se cometen permanentemente en nuestro Ayuntamiento, lo que les hace cómplices.

Sin embargo, no hemos de descargar de responsabilidad al Sr. alcalde ya que precisamente es el que ha de velar para que en el Ayuntamiento se cumpla la ley. Parece desconocer el hecho de que todos los gastos producidos fuera de los aprobados por el presupuesto son nulos y, en consecuencia, alguien debe reintegrarlos al Ayuntamiento.

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